martes, octubre 18, 2011

Relaciones Internacionales descentralizadas y agua


Foto de Eva
Hace ya un año que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó considerar el acceso al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano. Contrariamente a lo que se pueda pensar, el agua no está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en los dos pactos que la desarrollan, con lo que no era constitutiva de un derecho humano exigible y reclamable. Ahora tampoco, puesto que una declaración de la Asamblea General no es más que un paso diplomático en el camino al establecimiento de un pacto internacional.

El agua, además, tiene claras referencias en la política internacional a través de la gestión de cuencas compartidas, la llamada agua virtual, el mercado internacional de servicios del agua o la necesidad de un acceso al agua potable y al saneamiento para poder disponer y avanzar en el desarrollo de los países empobrecidos. El agua es, por tanto, objeto de trabajo del sistema internacional y generador de dinámicas diplomáticas, comerciales y de cooperación internacional.

No son muchos los gobiernos que se muestran activos en la diplomacia del agua internacional, y muchas veces lo hacen en función de unos intereses geopolíticos o comerciales muy evidentes. Sin embargo las oportunidades de incorporarse al sistema internacional también están presentes a través de la diplomacia del agua.

El Gobierno de Euskadi se dio cuenta de ello hace unos años, cuando animado por la sociedad civil vasca –la importante labor de UNESCO Etxea en este caso no será nunca lo suficientemente reconocida-, incorporó al 2º Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo un estudio de caso sobre las aguas del País Vasco. Este fue el pistoletazo de salida para la elaboración de una estrategia internacional que tuviera como elemento catalizador el agua. Así, durante el proceso de creación de la Agencia Vasca del Agua se le concedió a ésta un mandato internacional acorde con las iniciativas que en el ámbito del desarrollo ya había puesto en marcha el gobierno de Juan José Ibarretxe. A través de la creación de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Agencia se pretendía colaborar con el desarrollo internacional y se decidió crear un instrumento nuevo para dicha colaboración, en el que personalmente estuve implicado desde diferentes ámbitos.

El instrumento en cuestión consistió en la vinculación del gasto de agua en el País Vasco con la contribución a proyectos de desarrollo en países empobrecidos. Se creó de esta manera un nuevo impuesto, de carácter solidario, sobre el agua vasca. Anunciado en Julio de 2008, el impuesto solidario de la Agencia Vasca del Agua permite que ésta dedique un pequeño porcentaje del monto recibido por los impuestos a colaborar en un proyecto del PNUD en África Subsahariana. Este instrumento aún no ha producido resultados efectivos en tanto en cuanto que el primer monto económico está siendo repartido en estos días hacia el proyecto del PNUD. Sin embargo sí que ha contribuido a la identidad vasca en la política internacional. Euskadi ha obtenido beneficios y reconocimiento al haber sido capaz de instalar un mecanismo de novedad en el ámbito internacional para la financiación de proyectos sobre agua y saneamiento. Ha contribuido a crear una serie de actores nuevos –las agencias de agua- en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Está logrando cambiar su imagen exterior, fuertemente dañada en temas de agua tras diversos fracasos en la gestión privada del agua en el cono sur. Y también su imagen interior, promoviendo valores como el Derecho Humano al agua entre su población. Como consecuencia de este cambio de imagen y de un compromiso solidario real y no sólo cosmético, el País Vasco –tanto su iniciativa privada como pública- está comenzando a ser visto como un actor capaz de reforzar los elementos positivos de los proyectos de agua y saneamiento en el mundo.
La experiencia vasca puede ayudar a entender cómo un cambio de actitudes, seguido de un compromiso financiero fuerte –aunque no necesariamente elevado en el gasto- puede llevar a aumentar las oportunidades en tiempos de crisis. Es una experiencia de gran interés para gobiernos como el catalán que actualmente se encuentran en un intento de reformar la estructura impositiva del consumo del agua.

La necesidad de reformar el impuesto sobre el agua y encarecerlo viene derivada de la fuerte deuda en la que ha caído la Agencia Catalana de l’Aigua, empresa pública que gestiona el agua en todo el territorio catalán. Las negociaciones parlamentarias apuntan a la subida de un 9,5% del canon del agua en este mismo año. Algo que, según la prensa, se traduciría en un cargo de aproximadamente un euro en la factura del agua de los ciudadanos. 

La generación de un mecanismo solidario en torno al agua que vinculara el consumo interno con la elaboración de proyectos para el desarrollo en zonas de prioridad estratégica para la cooperación catalana podría ayudar a la ciudadanía a comprender la subida de su factura del agua, contribuiría a la generación de una conciencia solidaria y a la imagen internacional de Cataluña y reforzaría el compromiso de las instituciones catalanas con el Derecho Humano al Agua, consideración presente en el Plan de Cooperación de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD). Además, en el caso catalán, si no se dedicara ese dinero a organismos internacionales, como en el caso vasco, se podría reforzar el sector social de la cooperación en un momento en que los recortes públicos comprometerán los proyectos y programas de muchas ONGDs catalanas.

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